“He pedido una pizza y me ha llegado una caja de la oficina electoral”. El meme circula en medio del escándalo que se desató tras las elecciones del domingo en Perú, donde miles de personas no pudieron votar en lo que fue el comienzo de una tragicomedia con extravío de boletas incluido.
El hallazgo de cuatro cajas tiradas al lado de un tacho en una esquina de Lima, con 1200 boletas emitidas, como un desecho más del que se puede prescindir, fue el colmo de la desgracia de una elección que, en vez de la clásica “fiesta de la democracia”, fue un carnaval disparatado de personajes y sucesos absurdos.
Ahora el proceso electoral quedó enmarañado, luego de la primera vuelta que vio erigirse en primer lugar a la derechista Keiko Fujimori, que con el 17% de los votos pasó cómodamente al balotaje del 7 de junio próximo. El problema viene en la lucha por el segundo lugar, disputado por dos candidatos que casi no se sacan diferencias, uno de derecha y otro de izquierda, cuando se acerca el fin del conteo.
El izquierdista Roberto Sánchez le lleva solo 13.000 votos al conservador Rafael López Aliaga, que cuestionó las elecciones y dijo que no se dejará arrebatar su presunto acceso al balotaje por un fraude amañado en su contra. Hasta ofreció una recompensa de 20.000 soles (unos 5800 dólares) al funcionario electoral que le traiga pruebas de fraude desde adentro de las instituciones.
Sánchez salió a defender su escasa diferencia y advirtió por su parte a sus seguidores que “cuiden el voto”.
“Invocamos y le decimos a todo el Perú, a las fuerzas sociales, que estaremos atentos, que estén vigilantes a nuestro llamado. Apenas haya un indicio de no querer respetar el voto ciudadano llamaremos a una movilización, a la defensa democrática, a la defensa social. Llamamos a la comunidad internacional a acompañar y hacer vigilia para que se respete el voto ciudadano de manera sagrada. Sin narrativas de fraude como el proceso anterior. El voto andino, amazónico, rural se va a respetar”, señaló.
Lo que asoma en el futuro inmediato son denuncias, impugnaciones, movilizaciones y una sensación generalizada de democracia devaluada, en un país donde la clase política tiene todo menos clase, según coincide un amplio sector de la ciudadanía peruana, escéptica y disconforme.
Las investigaciones para encontrar responsables se suceden a ritmo frenético, de la fiscalía, la policía, los legisladores, la sociedad civil y los medios. Al mismo tiempo, se preguntan cómo seguirá el proceso, y si lo sucedido se puede considerar formalmente fraude, cuando de todos modos, más allá de la etiqueta, se coincide en el daño irreparable que causó su accionar.
Las mesas de la desgraciaLos hechos están establecidos. En esa plácida mañana del domingo, las colas se iban formando, pero en algunos centros de votación pronto se vieron demoras. A veces la fila no avanzaba para nada. ¿Qué estaba pasando? Según el local que tocara en desgracia, faltaban las boletas, las impresoras no imprimían, no había internet, o fallaba el reconocimiento facial y las computadoras.
Una, dos, tres, cuatro horas… Los votantes resistían. A veces se vio premiada su paciencia cuando, tras una jornada al aire libre en la vereda, donde conocieron vida y obra de sus compañeros de cola, a esa altura quizás amigos, pudieron al fin ejercer su derecho al voto, llenar la boleta y volver a comer a sus casas.
Pero más de 60.000 votantes no tuvieron ese desahogo de última hora. Se fue el sol, cayeron las sombras y nunca pudieron entrar a votar a las mesas. Los camiones con las boletas, a cargo de la empresa de logística Galaga, jamás llegaron a destino. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) decidió, como medida de emergencia, que los votantes pudieran volver al día siguiente.
Esos miles de limeños que no pudieron votar el domingo sí lo hicieron el lunes. Aunque a esa altura, con la eterna demora, el voto estaba sesgado porque ya se conocía el resultado parcial del conteo oficial en curso. Con este vicio de origen, cualquiera sea el resultado final, los dos candidatos en liza van a salir a defender con uñas y dientes su pretendido lugar en el balotaje.
Un funcionario electoral estuvo detenido dos días bajo sospecha de ser el factótum del desastre, antes de que el foco pasara a otro alto funcionario, el director de la ONPE, Piero Corvetto, al que le llueven denuncias.
Su seguro despido será el menor de los males. De momento, una de las dudas en el clima político actual es si se lo deja seguir hasta la segunda vuelta de junio, por eso de no cambiar de caballo, o lo echan ya mismo. Según parece, los que le siguen en la ONPE tampoco son de fiar, y varios también están denunciados.
En el ojo de la tormentaTambién está en el ojo de la tormenta la empresa contratista, Galaga, la dueña de los camiones que nunca llegaron con las boletas. Galaga ya había sido penalizada por incumplimiento de contrato en otros procesos electorales, y sin embargo fue nuevamente contratada para elaborar el reparto de material el domingo.
Según indicó el diario El Comercio, que como toda la prensa sigue de cerca los desvaríos y las causas judiciales por el escándalo, la fiscalía dispuso que la ONPE remita un informe sobre los servicios prestados por la empresa en años anteriores, y los funcionarios que intervinieron en esas adjudicaciones.
Varios de estos personajes y entidades se acusan entre sí, contraviniendo la enseñanza bíblica de no mirar la paja en el ojo ajeno, a ver si pueden zafar de la bien justificada amenaza de multas, despidos o cárcel, según el caso.
Si la semana había arrancado mal, terminó peor cuando se encontraron las cuatro cajas con 1200 boletas tiradas en la calle. La ONPE, que no pega una, dijo que esa noche había pedido un auto para trasladar 24 cajas, y cuando llegaron a destino se llevaron una sorpresa. ¿Qué había pasado?
Lo explicó así: “Luego de descargar el material electoral, el personal de nuestra institución notó que, de las 24 cajas, faltaban cuatro que, por temas de espacio, se colocaron en la maletera del vehículo”.
