En la Ciudad de Buenos Aires, la expectativa de vida supera los 80 años y el envejecimiento poblacional se consolida como uno de los principales rasgos demográficos. Más del 20% de la población tiene 60 años o más y el grupo que crece con mayor velocidad es el de mayores de 80. Según estimaciones sectoriales, en el distrito hay alrededor de 160.000 personas en esa franja etaria y las proyecciones indican que la cifra podría acercarse a las 280.000 hacia 2040. En paralelo, a nivel nacional se estima que viven cerca de 7 millones de personas mayores de 60 años. La contracara es la disminución sostenida de la población menor de 15 años, lo que modifica la composición de la pirámide demográfica y reduce, en términos relativos, la base etaria más joven.
En ese escenario, comienza a tomar forma un modelo de atención que propone un abordaje integral para los adultos mayores y surge la pregunta: ¿para qué y en qué condiciones se vive más?
El aumento de la longevidad no se traduce de manera directa en mejores condiciones de salud y calidad de vida. Distintos relevamientos indican que existe una brecha de aproximadamente 12 años entre la expectativa de vida total y la expectativa de vida saludable. Es decir, años que se viven con enfermedades o limitaciones. Por ejemplo, crecen las patologías crónicas, los cuadros de deterioro cognitivo y las situaciones de dependencia de terceros.
El envejecimiento se presenta con dos grandes perfiles. Por un lado, el denominado envejecimiento patológico, asociado a comorbilidades, pérdida de autonomía y mayor necesidad de asistencia. Por otro, un envejecimiento considerado normal, en el que las personas mantienen un nivel aceptable de independencia pero requieren estrategias para sostenerla. En ambos casos, especialistas coinciden en que el abordaje actual resulta insuficiente para responder a la complejidad del proceso.
El sistema de salud opera, en términos generales, a partir de especialidades. Una persona mayor puede ser atendida por un cardiólogo, un neurólogo, un psiquiatra y un diabetólogo de manera simultánea. Cada intervención se realiza de forma independiente, sin un esquema de integración que articule diagnósticos, tratamientos y seguimiento. Ese esquema fragmentado tiene consecuencias concretas: superposición de medicamentos, indicaciones contradictorias y falta de continuidad en los cuidados.
“La persona no es un conjunto de órganos aislados. Hoy el sistema funciona por partes y eso genera desorden”, señaló Fernando Shalom, presidente del Grupo Manantial, en diálogo con LA NACION. “En muchos casos hay sobremedicación y tratamientos que no dialogan entre sí”.
La polifarmacia, definida como el uso simultáneo de múltiples medicamentos, aparece como uno de los efectos más visibles de esa fragmentación. En algunos casos, pacientes sostienen durante años tratamientos sin revisiones periódicas o combinaciones que no fueron evaluadas de manera conjunta. A eso se suma la falta de seguimiento de otros aspectos de la vida cotidiana que inciden en la salud, como la alimentación, el descanso, la actividad física o el entorno doméstico.
El área de investigación de Manantial elaboró un informe titulado “De las pastillas al propósito: una nueva forma de cuidar a las personas mayores”, en el que sistematiza estos problemas y propone un modelo de abordaje integral. La organización, con más de 40 años de trayectoria en el sector, articula residencias, centros de día, formación académica y un área dedicada a la investigación aplicada en gerontología. Según se detalla en el documento, el objetivo es trasladar herramientas desarrolladas en ámbitos institucionales al acompañamiento de personas mayores que viven en sus hogares.
El informe plantea que el principal déficit del sistema no es únicamente la disponibilidad de recursos, sino la falta de integración. En ese sentido, propone como herramienta central la Valoración Geriátrica y Gerontológica Integral (VGGI), un proceso diagnóstico que evalúa de manera simultánea distintas dimensiones de la persona.
Esa evaluación incluye variables clínicas —historia médica, diagnósticos, medicación—, pero también aspectos funcionales, como la capacidad para realizar actividades de la vida diaria (vestirse, cocinar, movilizarse), variables cognitivas (memoria, atención, funciones ejecutivas), estado nutricional, indicadores emocionales y condiciones sociales. A su vez, incorpora el análisis del entorno en el que vive la persona, con foco en riesgos físicos y en la organización de la vida cotidiana.
Según datos del propio equipo, la evaluación inicial puede implicar la intervención de entre seis y siete profesionales y demandar hasta 15 horas de trabajo entre entrevistas, mediciones y análisis. El objetivo es construir un diagnóstico integral que permita identificar factores de riesgo y definir un plan de intervención.
Entre los indicadores relevados, la nutrición aparece como un punto crítico. Investigaciones desarrolladas por el mismo grupo señalan que el 83% de las personas mayores que ingresan a instituciones desde sus hogares presenta algún tipo de problema nutricional. En muchos casos no se trata de falta de recursos económicos, sino de dificultades en la organización de las comidas, la preparación de alimentos o la falta de rutinas.
Otro de los aspectos señalados es la falta de estructura diaria. Alteraciones en los horarios de sueño, comidas irregulares y ausencia de actividades configuran un patrón frecuente. Ese desorden impacta en la salud física y mental y puede derivar en caídas, descompensaciones o internaciones.
El informe también incorpora datos sobre la dimensión social. El aislamiento es identificado como un factor de riesgo creciente. La reducción de vínculos, la pérdida de pares y las limitaciones para la movilidad afectan la participación social y, en consecuencia, la salud general. Estudios en neurociencias citados en el documento indican que la falta de interacción social tiene efectos medibles en el deterioro cognitivo.
En términos de recursos humanos, el documento señala un déficit de profesionales especializados. En la Argentina hay alrededor de 700 médicos geriatras registrados para una población de más de 7 millones de personas mayores. La formación en geriatría y gerontología no está plenamente incorporada en todos los programas de grado y, en algunos casos, se limita a módulos de corta duración.
En paralelo, el cuidado cotidiano recae en gran medida en las familias o en cuidadores domiciliarios. Se estima que existen cerca de 8000 cuidadores registrados formalmente en el país, aunque el número total de personas que realizan tareas de cuidado es considerablemente mayor en condiciones informales. La falta de capacitación específica y de articulación con el sistema de salud genera dificultades en la implementación de prácticas adecuadas.
El modelo propuesto en el informe plantea la necesidad de integrar esas dimensiones a través de un esquema coordinado. Uno de los ejes es el rol del médico geriatra como referente principal, encargado de ordenar la información, coordinar intervenciones y realizar el seguimiento. A partir de la valoración inicial, se elabora un plan personalizado que puede incluir intervenciones clínicas, nutricionales, físicas, cognitivas y sociales.
El proceso se organiza en etapas. Una primera instancia de evaluación, que puede extenderse entre 30 y 40 días, y una segunda fase de seguimiento, generalmente de seis meses, con controles periódicos. En ese período se ajustan tratamientos, se trabajan rutinas y se implementan estrategias de prevención.
El modelo incorpora además la figura de un profesional que coordina la gestión del cuidado, articula turnos, organiza la información y mantiene el vínculo con la persona y su entorno, con el objetivo de reducir la fragmentación y facilitar la continuidad de los procesos.
El informe subraya que la mayoría de las personas mayores vive en sus hogares. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se estima que hay alrededor de 10.000 personas institucionalizadas, una proporción menor en relación con el total de mayores de 80 años. En ese contexto, el desarrollo de estrategias de atención domiciliaria aparece como una necesidad creciente.
La propuesta no se limita a un formato único de implementación. El documento plantea que el enfoque puede ser adoptado por instituciones públicas y privadas, así como por profesionales de distintas disciplinas. También señala que parte de las herramientas pueden ser utilizadas por familias para mejorar la organización del cuidado.
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